Uno de cada tres frigoríficos y congeladores dados de baja para su reciclaje durante el año 2011 en nuestro país se esfumó en chatarrerías ilegales, con el consiguiente impacto ambiental y el perjuicio económico que supone para las empresas del sector.
La cifra supone al menos un millón de aparatos, lo que de cara a las pérdidas ocasionadas para las plantas de reciclaje de estos aparatos eléctricos, alcanza los 10 millones de euros.
Según ha explicado el jefe del área Técnica de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje(FER), Nicolás Molina.
«Esta situación es consecuencia directa de los robos que se producen en los puntos limpios o en las propias plantas, y de la falta de una gestión correcta de los propios ciudadanos que los abandonan en la calle». Según sus datos, del millón de aparatos frigoríficos y congeladores que las familias españolas dieron de baja en 2011 para su posterior reciclaje, el 33 %, unas 25.000 toneladas, se perdieron por canales ilegales.
Para Molina, es un problema a nivel internacional en el que «mafias especializadas» realizan asaltos profesionalizados a plantas de residuos para vender los metales robados -especialmente el cobre- en China a través de puertos europeos como Barcelona o Marsella.
La ignorancia del consumidor es que cuando se compra un aparato eléctrico o con pilas, el consumidor paga una tasa para financiar el correcto reciclaje de ese producto, que varía entre los 10 euros de un frigorífico o los 3 de un microondas.
Los amantes de lo ajeno asaltan los puntos limpios para robar los metales más lucrativos como el cobre y el metal férrico.
Según el propio Molina, para erradicar este gran problema se necesita de una mayor y mejor colaboración ciudadana sumada a una estricta aplicación de la ley, para que se juzgue a los «operadores ilegales» por el daño provocado y no por el valor del material robado, lo que ayudaría a que los residuos fuesen gestionados dentro del marco legal establecido.
31/01/2013
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